El que su institución educativa viva una situación económica crítica no es impedimento para que el rector y las altas autoridades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) viajen en avión privado.

La aeronave, propiedad de la UAT, es utilizada, entre otras cosas, para que el rector, José María Leal Gutiérrez, asista a las reuniones con sus homólogos en las que se analiza la forma de solucionar la crisis financiera por la que atraviesan la mayoría de las universidades del país por el pago de pensiones y jubilaciones para sus trabajadores.

Como una “tradición”, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) cuenta desde hace 30 años con un avión ejecutivo entre su patrimonio vehicular. Leal Gutiérrez, rector en turno de la institución, dice: “A mí me tocó casi de herencia... Haría mal en no utilizarlo para nuestros propósitos como universitarios, como transportar a conferencistas (entre los más recientes el cónsul general de EU, Michael Barkin)”, pero también en los viajes del rector y en el traslado de funcionarios a diversas partes del país para acudir a firmar convenios de venta de asesoría e investigación a las empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, de carácter privado en México.

El King Air B-200 de 12 plazas tiene en este momento un valor aproximado de más de 859 mil 688 dólares, y por cada viaje el rector Leal Gutiérrez estima que la universidad paga alrededor de unos 70 mil pesos.

Entre 35 rectores de universidades públicas del país, incluidos el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, y la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante, son los de Tamaulipas y de Puebla los únicos que utilizan este tipo de medios de transporte para su traslado.

Enrique Agüera Ibáñez, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), también suele viajar en aeronaves (avión o helicóptero, según la necesidad) rentadas. Funcionarios de la Rectoría BUAP lo reconocieron, luego de que se solicitó al rector —vía telefónica— su opinión acerca del pago por los servicios aéreos privados.

“No damos por descontado que los utilice, sin embargo, en este momento no tenemos los detalles de los viajes ni el monto que eso significa (dentro del presupuesto de la institución)”, respondieron los funcionarios.

El informe

De acuerdo con el estudio de Evaluación del Ahorro y Diagnóstico de los Resultados Obtenidos por las Reformas a los Beneficios que Otorgan a sus Trabajadores que elaboró el actuario Carlos Jorge Soto para la Secretaría de Educación Pública (SEP), la UAT se encuentra en una situación financiera “crítica”. El estudio apunta que la institución tiene un periodo de “suficiencia presupuestal” que le alcanza para hacer frente al pago de pensiones y jubilaciones hasta 2015.

La BUAP se encuentra, según el mismo estudio, en una situación financiera “muy crítica” y perderá la suficiencia presupuestal el próximo año.

En ambos casos, el diagnóstico financiero que ha difundido la SEP resalta los privilegios que se otorgaron en el pasado a sus trabajadores para el momento de la pensión o la jubilación. Los montos que cada uno de ellos recibirá a su retiro son de entre 100% y 122% de su salario.

La evaluación señala que la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta un déficit de un millón 166 mil pesos por trabajador en activo, mientras que en Puebla es más del doble: 2 millones 556 mil pesos por universitario.

Consultado al respecto el rector de la UAT, José María Leal, afirma: “Imagínese parar el avión (por el señalamiento de que la universidad está en crisis y aun así mantiene ese vehículo), sería ilógico... El avión te cuesta lo mismo mantenerlo parado que moverlo. La verdad es que en Tamaulipas (tener un avión) es muy normal porque la universidad tiene como 30 años con el transporte aéreo. Además, yo no lo compré”.

“Por lo general el avión lo usamos para venir (a la ciudad de México), se queda en Toluca y cuando venimos con tiempo suficiente (sic) lo hacemos en vuelos comerciales. El avión también tiene funciones específicas”, argumentó.

Dijo que dentro del inventario de más de 700 vehículos de la UAT, la aeronave no aparece debido a que “decidimos sacarla del presupuesto corriente (el subsidio federal o estatal), aun cuando no tendría por qué, ya que forma parte de los bienes de la universidad. Pero lo sacamos para que no sea oneroso al subsidio”. Explica que con la venta de investigación y asesoría, la aeronave es “autosustentable” debido a que como producto de esos viajes la institución logra obtener ingresos adicionales por arriba de los 600 millones de pesos al año.

La otra privatización

Sobre el ejercicio de los recursos públicos en las universidades, Manuel Gil, investigador de El Colegio de México, advierte que la autonomía “no puede ser una coraza contra el escrutinio público” ni tampoco el argumento que haga que unos cuantos se apropien de los bienes de las universidades, tal como queda evidenciado gracias a las herramientas de la transparencia. Dijo que hoy se requiere de una rendición de cuentas para acabar con la “impunidad”.

El académico califica a este proceso como “otra forma de privatización”, la cual también es “muy grave, puesto que en algunas instituciones se concibió a la autonomía como el elemento que impide una vinculación inadmisible entre un bien público —destinado a los jóvenes— y el empleo de ese bien para fincar fortunas, capital político y fijar chantajes... Debe ser una enorme vergüenza para todos los universitarios que haya esa apropiación de lo público con intereses privados”.

Desde 1997 en los Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación: México, Educación Superior, la primera evaluación que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo sobre el sistema universitario, ese organismo señaló que las universidades mexicanas no podían seguir viviendo solamente de los recursos que les otorgaban los gobiernos federal y estatales, por lo que recomendó buscar alternativas de financiamiento, entre las que incluyó profundizar las relaciones con los sectores económico y social.

A partir de entonces las instituciones establecieron una variedad de “empresas universitarias o consorcios” bajo los cuales administran ranchos, hospitales, fábricas, gasolineras, farmacias, centros culturales y hoteles.

Además, realizan sorteos y venden asesorías e investigaciones, todo con el propósito de acercar recursos adicionales desde la sociedad.

Los ingresos que las universidades suman de forma adicional a su subsidio van de entre 2% y 35%, de acuerdo con los reportes de la propia SEP.

En ese contexto, la BUAP construyó el Complejo Cultural Universitario (2008), sólo que académicos como Francisco Vélez Pliego han acusado al rector Enrique Agüera de realizar adjudicaciones directas por montos superiores a los permitidos en las licitaciones. De igual manera, investigadores, que prefirieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que desde que inició la actual administración el rector ha reportado un “enriquecimiento inexplicable” en su declaración patrimonial al pasar de una a 10 propiedades, además de que la universidad privada —que fundó junto con su familia hace 15 años— incrementó el número de sedes en el sureste del país a seis campus.

“Hasta ahora no ha habido una autoridad que me lo señale (enriquecimiento irregular)”, retó Enrique Agüera en entrevista previa.

—Rector, ¿hay un enriquecimiento irregular de su parte?

—Ahí está mi respuesta, esa es mi respuesta —enfatizó en tono molesto.

En esa misma conversación realizada en la Cámara de Diputados afirmó: “Yo soy rector, tengo la responsabilidad de darle un buen uso a los recursos de la universidad. En mi responsabilidad como funcionario universitario ha habido un manejo adecuado de los recursos”, y como garantía señala que han sido tres las auditorías aplicadas a su gestión desde el Congreso de la Unión.

Sólo que omitió agregar que, al menos entre las de 2008, se le pide aclarar por qué 38 millones 358 mil pesos se “adjudicaron de manera directa sin justificación” a proveedores de equipo de laboratorio, cómputo, y mobiliario.

ANUIES avala auditorías

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), dijo que en este caso “el rector ha realizado una campaña para demostrar en qué se han gastado los recursos otorgados, además de que se están haciendo auditorías de todo tipo y todo está aparentemente sin ningún problema”.

“Ya las demás cuestiones personales, cada quien tendría que separarlas de la investidura. Obviamente si tu pregunta es: ¿pero es el rector y si se enriquecen de una institución? Yo te diría que eso no se vale, de ningún lado”.

Relató que la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación de auditorías es una práctica de pocos años, y que si bien en principio hubo resistencia y hasta amagos de instituciones para denunciar posibles violaciones a la autonomía, ahora los rectores son los más interesados en la aplicación de esos ejercicios, además de habilitar páginas en sus portales institucionales en la web.

Adrián Acosta Silva, académico de la Universidad de Guadalajara y galardonado con el Premio Andrés Bello de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), considera que como resultado del modelo que demandó a las instituciones mexicanas diseñar proyectos para obtener ingresos propios se advierten realidades contrastantes. Por una parte, afirma que los nuevos discursos se confundieron con los “viejos estilos de gestión política clientelar”, y por otra, “los usos patrimonialistas y prebendarios de los recursos universitarios se mezclaron con estilos gerenciales de ejercicio del poder institucional”.

A lo largo de la última década, diversos conflictos en las universidades han girado en torno al manejo de los recursos públicos y por ello la demanda creciente no es sólo por la transparencia, sino la rendición de cuentas.

Así lo demostró también el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), cuando en 2006 alumnos y trabajadores disfrutaron de bailes, comidas, bebidas y premios en efectivo durante las campañas para elegir rector.

Meses después de ese proceso electoral Héctor Melesio Cuén, quien resultó electo, alertó sobre una “quiebra financiera” de la universidad, y aseguró que no había dinero para cerrar el año con el pago de aguinaldos y salarios.

Durante poco más de cuatro meses, estudiantes, trabajadores y profesores de la UAS fueron invitados a fiestas en los planteles universitarios, en las que se les ofrecieron festines con carnes asadas, cervezas, strippers y sexoservidoras. También, dinero en efectivo como premio en concursos de baile, canto y otras animaciones celebradas con las mejores bandas de la entidad, en el marco de las campañas electorales.

La Auditoría Superior de la Federación reportó (marzo de 2006) que se desconocía el destino de más de 4 millones 106 mil pesos de la partida asignada al fondo de “problemas estructurales” correspondientes al pago de jubilaciones, seguridad social y el reconocimiento de contratación de profesores.