Por EPA

Las cancillerías de esos tres países de Centroamérica denunciaron en una declaración conjunta el secuestro de 50 inmigrantes centroamericanos en Oaxaca, dando así por cierto un hecho cuya existencia no ha reconocido oficialmente el Gobierno mexicano, que solo admite la existencia de denuncias de presuntos testigos.

Además de este pronunciamiento colectivo, representantes de los tres gobiernos hicieron declaraciones, entre ellos el canciller de Honduras, el país del que se cree que procede la mayoría de los secuestrados.

Mario Canahuati lamentó hoy en declaraciones a la radio HRN en Tegucigalpa la "falta de acciones" de las autoridades de México para proteger a los inmigrantes centroamericanos que pasan por el territorio de ese país rumbo a Estados Unidos, aunque matizó que tienen "buenas intenciones" de colaborar.

El vicecanciller hondureño, Alden Rivera, dijo a los periodistas que, según las versiones de testigos que lograron huir de los secuestradores, "probablemente la mitad (de los secuestrados) son hondureños".

Un portavoz de la Cancillería de Guatemala se limitó a señalar hoy a Efe que "de momento no se sabe cuántos guatemaltecos puede haber en el grupo".
Por su parte, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, consideró este miércoles en una rueda de prensa en San Salvador que es un "contrasentido" que en México se destinen mayores recursos a detener indocumentados que a combatir a los criminales que les atacan a su paso por territorio mexicano.

En la declaración, las cancillerías de Honduras, Guatemala y El Salvador piden al Gobierno de México que investigue "estos graves hechos para dar lo antes posible con el paradero de las personas secuestradas entre las que, según los testimonios, habría ciudadanos de estas tres naciones".

La nota, distribuida en Tegucigalpa por la Cancillería hondureña, apuntó que "la denuncia se basa en los testimonios de personas que presenciaron el hecho, los cuales están consignados en el informe oficial enviado por la agencia de protección consular de los países centroamericanos en Arriaga, Chiapas".

"Oficiales consulares obtuvieron los testimonios de cuatro migrantes que presenciaron el secuestro", añadió.
"Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México tomó declaración a 13 migrantes centroamericanos testigos del hecho (de origen guatemalteco, hondureño y salvadoreño), quienes fueron trasladados bajo protección a raíz de amenazas recibidas", indicó el comunicado conjunto.

Enfatizó que los tres países centroamericanos "demandan que se deduzcan responsabilidades y se castigue a los culpables para evitar que este tipo de delitos vuelvan a ocurrir".
El secuestro ocurrió el pasado día 16 y fue denunciado inicialmente este martes por la Cancillería salvadoreña, a la que se sumó ese mismo día la de Honduras.
Para el vicecanciller hondureño, si las autoridades mexicanas han confirmado que tienen bajo su protección a varios inmigrantes que huyeron, "hay un reconocimiento explícito del Gobierno de México" de que ocurrió el secuestro.

Al insistir en la actitud de México, "no quiero hablar de complicidad (entre el crimen organizado y autoridades mexicanas), sino de falta de acciones", lo que permite que los criminales estén "operando con éxito", acotó el canciller Canahuati.
El alto funcionario hondureño también expresó su malestar porque los acuerdos que se suscriben entre los países de la región en materia de inmigración no se cumplen.
"Pareciera que a los foros llegamos a comprometernos, pero al final todo ésto queda sólo en palabras", subrayó Canahuati, quien recordó que hace unos tres meses se suscribieron unos 27 acuerdos con México y "de ellos ninguno se ha puesto en práctica".

Canahuati anunció que el vicecanciller Rivera viajará el próximo domingo a México para atender el tema del secuestro, en lo cual trabajará en coordinación con autoridades mexicanas, salvadoreñas y guatemaltecas.

El canciller y otras autoridades hondureñas han expresado ante este secuestro su temor de que vuelva a ocurrir una tragedia como la matanza de 72 inmigrantes perpetrada en agosto pasado en Tamaulipas (México), entre ellos también hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.