Por El Universal México


El gobierno de México solicitó a una Corte Federal de Estados Unidos que se declare la inconstitucionalidad de la Ley SB1070 y que se impida su entrada en vigor.

Resaltó que es fundamental e imperativo que los derechos humanos y civiles de sus ciudadanos sean garantizados cuando se encuentren presentes en Arizona o en cualquier otra entidad.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de México presentó ante la Corte Federal para el Distrito de Arizona un escrito como “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae), en la causa Friendly House, et al versus Michael B. Whiting, et al.

Como “Amigo de la Corte”, el gobierno de México apoya la demanda entablada por un grupo de organizaciones civiles, incluyendo el Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educativa (Mexican American Legal Defense and Educational Fund, MALDEF), el Centro Nacional de Derecho Migratorio (National Immigration Law Center, NILC) y la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) para impugnar la Ley SB1070 aprobada por el estado de Arizona.

A través del escrito, México podrá dotar de información al juez de la causa con el propósito de enriquecer su criterio.

“México tiene el deber de proteger a sus nacionales y asegurar que el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios”, añadió.

La controvertida ley, que entrará en vigor en julio en Arizona, permite a la policía averiguar la situación migratoria de los sospechosos de estar en el país sin papeles, algo reservado antes a los agentes de inmigración.

El gobierno de México, desde donde cruzan cada año miles de personas hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, quiere que la ley sea declarada inconstitucional por la corte federal.

“México está profundamente preocupado de que (la ley) conduzca a un tratamiento dispar entre los mexicanos en Estados Unidos, así como a un tratamiento dispar en relación con los ciudadanos estadounidenses”, dice el documento presentado.

“Este tratamiento dispar podrá ser en la forma de perfil racial o detenciones de ciudadanos mexicanos sin tener en cuenta si ellos han tomado algunas acciones o exhibieron una conducta indicando que son culpables de un crimen o que están “ilegalmente presentes en Estados Unidos”, agregó el texto.

México argumenta que la ley “está tensando” las relaciones con Estados Unidos. Ambos países comparten una frontera de tres mil 200 kilómetros.

La ley ha despertado críticas de funcionarios del gobierno del presidente estadounidense Barack Obama, quienes han dicho que se encuentran revisándola para impugnarla a través del Departamento de Justicia.

Existen actualmente cinco litigios ante la corte de Arizona contra la polémica ley, que tiene un amplio respaldo de la población, según las encuestas.

Arizona, donde 9% de la población es mexicana, busca frenar el flujo de inmigrantes que ingresan ilegalmente al país.

La Cancillería apoya la acción jurídica emprendida por NILC, MALDEF, ACLU y otras organizaciones civiles para impedir que la Ley SB1070 entre en vigor.

La presentación del escrito de “Amigo de la Corte” en apoyo de dicha demanda, forma parte de las medidas que continuará emprendiendo el gobierno de México para responder de manera firme e inmediata a cualquier violación a los derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos que se encuentren en Arizona, independientemente de su calidad migratoria, añadió la SRE en su comunicado.