WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS - Líderes demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron el viernes una medida para sancionar el tráfico ilegal de armas, aunque reconocieron que afrontan la poderosa oposición de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Durante una rueda de prensa, los legisladores explicaron que el propósito de la medida es impedir que armas de alto calibre vayan a caer en manos criminales, e insistieron en que es un "asunto de seguridad nacional" y no de eliminar el derecho a la tenencia de armas en Estados Unidos.

La medida establecería por primera vez un estatuto federal que permita que las agencias del orden combatan a las redes criminales que suministran armas de alto calibre a los carteles de la droga en México.

El tráfico ilegal de armas ha nutrido la "narcoviolencia" en México, en donde han muerto cerca de 40 mil personas desde 2006, cuando el Presidente Felipe Calderón, militarizó el combate contra los carteles de la droga.

Al señalar que por ahora "no existen los votos" para lograr la aprobación de la medida, la legisladora demócrata de Nueva York, Carolyn Maloney, afirmó que "es hora de que el Congreso tome con seriedad" el combate al contrabando de armas letales.

La iniciativa responde a la queja de agentes policiales de que en la actualidad, ante la falta de una ley que penalice el tráfico de armas, muchos contrabandistas de armas de alto calibre sólo reciben cargos por violaciones administrativas -como vender armas sin una licencia oficial- y, a menudo, sólo leves sentencias.

Entre otros elementos, la ley prohibirá el tráfico de armas largas y su transferencia a personas no autorizadas para portarlas o usarlas.

Quienes violen la ley afrontarían una pena máxima de 20 años de prisión y de 10 años quienes participen en una conspiración para el contrabando de armas.

La legislación, si es aprobada, ayudará a las autoridades a "frenar el flujo de estas armas extraordinariamente letales", dijo el demócrata por Virginia, Jim Moran.

Por su parte, el representante demócrata por Michigan, John Conyers, dijo que continuarán las investigaciones sobre el fallido operativo "Rápido y Furioso" de la Agencia para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), que en 2009 permitió el trasiego de armas de asalto a México.

El objetivo de la operación, según ATF, era rastrear las armas que conseguían los narcotraficantes y miembros del crimen organizado, para así desmantelar a esos carteles.

La operación fracasó, sin embargo, y se perdió el rastro a centenares de armas que fueron a parar a manos de los narcotraficantes tanto en México como en Estados Unidos.

Algunas de esas armas fueron usadas en numerosos asesinatos, incluyendo el de Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza cerca de Nogales (Arizona) el pasado 14 de diciembre.

Conyers reiteró la postura de los demócratas, y del propio presidente Barack Obama, de que las autoridades llevarán la investigación del asunto hasta sus últimas consecuencias.

"Tendremos que llegar hasta donde nos lleven las pruebas", señaló Conyers, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara Baja.

Explicó que parte de la estrategia para recabar apoyo a la medida es invitar a la NRA a la mesa de negociaciones, y buscarán para eso la ayuda del fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder.

Conyers no dio fecha para esa reunión, pero espera que sea "pronto".

La NRA ha logrado derrotar esfuerzos similares en el pasado, al defender la tenencia de armas, consagrada por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

"Necesitamos que la NRA nos apoye en esto, porque no se trata de quitar derechos, sino de proteger a la población de estas bandas criminales... ha habido un incremento del 70 por ciento en incidentes mortales contra agentes policiales", dijo a Efe Chris Schoppmeyer, un vicepresidente de la Asociación de Oficiales Policiales Federales (FLEOA, en inglés).

Por informador.com.mx